En Colombia, las veedurías ciudadanas están respaldadas por el marco normativo establecido para promover la participación ciudadana y la vigilancia de la gestión pública. El fundamento legal principal se encuentra en la Constitución Política de 1991 y en leyes específicas que han desarrollado y reglamentado este principio.

 

Algunos de los fundamentos legales relevantes son los siguientes:

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1. Constitución Política de 1991: La Constitución colombiana reconoce y garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones que afecten sus intereses. En particular, el artículo 103 establece la figura de las veedurías ciudadanas como mecanismo de control social.
    

2. Ley 850 de 2003: Esta ley regula la participación ciudadana en la gestión pública y establece las normas para la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas. Define las veedurías como instancias de control social que tienen como objetivo velar por la adecuada utilización de los recursos públicos.
    

3. Ley 134 de 1994: Esta ley establece las normas básicas sobre participación ciudadana y reglamenta el derecho de petición, entre otros aspectos. Además, reconoce la importancia de las veedurías ciudadanas como mecanismos de participación.
    

4. Ley 1757 de 2015: Esta ley fortalece los mecanismos de participación ciudadana, estableciendo directrices para la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas en el ámbito nacional y territorial.
    

5. Ley 1474 de 2011: Conocida como el Estatuto Anticorrupción, esta ley promueve la transparencia y el control social en la gestión pública. Contiene disposiciones relacionadas con la participación ciudadana y el papel de las veedurías en la prevención y denuncia de actos de corrupción.

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Estas leyes proporcionan el marco legal para la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas en Colombia, estableciendo los derechos, deberes y responsabilidades de los ciudadanos que participan en estas instancias de control social. Es importante que las veedurías ciudadanas operen de acuerdo con los principios y procedimientos establecidos en estas normativas para garantizar su legitimidad y eficacia.